La fiscalía indaga cuatro fallecimientos, mientras que una reciente investigación de la Contraloría determinó la falta de las fichas clínicas de los ancianos que murieron entre 2015 y 2016, además de problemas sanitarios, administrativos y financieros por $131 millones.
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El 28 de abril de 2016 murió Raúl González (84) en el centro residencial Cordillera, del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en Puente Alto. El 27 de abril, en el mismo hogar falleció Clemira Cortés (79). El 25 de abril lo hizo Pablo Henríquez (63); el 23 de abril, Carlos Díaz (90) y el 18 de abril, Mercedes Acevedo (78).
La muerte de Raúl González se conoció el 7 de junio, cuando varios canales emitieron notas sobre el deceso del poeta, autor de varios libros, víctima de desnutrición severa.
Al otro día de su muerte, la Seremi de Salud Metropolitana decretó la prohibición de funcionamiento del recinto, por no cumplir con los mínimos requisitos sanitarios y Senama abrió un sumario que lleva 14 meses sin resultados.
Pero esas no fueron las primeras ni las últimas muertes ocurridas bajo la administración de la Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (Amsca), entre el 1 de julio de 2015 y el 15 de junio de 2016. En total, fallecieron 31 adultos mayores, entre 63 y 90 años.
La cifra escapa de las tasas de muerte usuales en este tipo de centros. El hogar Cordillera tenía un promedio de 80 residentes. En un centro de iguales características del Senama, en Puerto Montt, hubo 13 muertes en el mismo período.
De los 31 adultos mayores fallecidos, cuatro casos son investigados por la Fiscalía de Puente Alto, por lesiones y cuasidelito de homicidio.
Estos son Raúl González (84), quien habría muerto por una desnutrición severa tras supuestamente no haber sido alimentado durante 9 días; Margarita Lobos (83), quien falleció días después que una puerta cayera sobre su cabeza; Pablo Henríquez (63), quien murió por una infección generalizada tras una úlcera mal cuidada, y Luis Alberto Arce (91), por una cardiopatía coronaria, dos días después de que Amsca dejara la operación del centro.
Además, se indagan malos tratos a otros dos ancianos, derivados a los hospitales Sótero del Río y San José de Maipo.
La investigación, aún desformalizada, se inició cuando el Senama presentó antecedentes en mayo de 2016. Hasta ahora han declarado ex trabajadores de Amsca y funcionarios del Senama, y varios documentos están siendo analizados en el Servicio Médico Legal.
Moscas y falta de personal
Amsca comenzó a administrar el hogar Cordillera el 1 de julio de 2015.
Ya en la primera visita de supervisión del Senama, en agosto de 2015, se detectó falta de medicamentos, pañales y materiales de enfermería. Además, no contaban con protocolos de emergencias sanitarias e intervención de enfermedades.
En septiembre, Pío Contreras (75) organizó a los residentes para reclamar por la cantidad de comida. Al año siguiente, esa protesta sería generalizada. Alegaban que comían arroz casi todo el tiempo, que si reclamaban quedaban sin comer y que el director del centro les decía "si no les gusta, la puerta es bastante grande", según consta en las fichas de supervisión.
Tras un semestre, el recinto acumulaba más deficiencias, según Senama: los protocolos seguían "en revisión", varios residentes se habían contagiado de enfermedades respiratorias, las camillas estaban en mal estado y en una ocasión el enfermero ni siquiera tenía el aparato para tomar la presión.
En enero y febrero de 2016 se detectaron problemas de aseo. Según la ficha de supervisión, "se observaron moscas en todos los pisos, en el comedor, en los cuartos y en la comida de los residentes, y malos olores". También falta de personal y desactualización de las fichas médicas. En marzo se agregó que "los profesionales no tenían la capacitación necesaria".
En marzo de 2016 renunció a la dirección del Senama Rayén Inglés (DC), hoy candidata a diputada en el distrito 22 (Angol, Ercilla y otras comunas). El 25 de abril asumió el cargo Rubén Valenzuela (DC), quien era el jefe a cargo de los programas residenciales durante la gestión de Rayén Inglés, entre ellos, el hogar Cordillera.
Consultado respecto de si informó lo que estaba ocurriendo, responde: "Nosotros cumplimos con los procedimientos administrativos que estaban vigentes".
Agrega que "dentro de las facultades que tenía, aumentamos la cantidad de personal, las supervisiones, y cuando fui nombrado director, tomé decisiones rápidamente".
Hoy, el hogar Cordillera es administrado por la Fundación La Familia de María, que lleva 14 meses a cargo. Durante su gestión han fallecido 20 adultos mayores, según Senama.
Pensiones no pagadas
En febrero de este año, la Contraloría entregó los resultados de una auditoría al hogar Cordillera. En ella, se determinó la falla detectada en el control del Senama en la falta de 30 fichas clínicas y 27 certificados de defunción.
Además, el informe estableció que hubo supervisiones incompletas durante agosto de 2015, ausencia de estas en enero y febrero del año pasado, y falta de seguimiento de las observaciones.
La mayor falta administrativa que cometió el Senama, según Contraloría, fue la demora de seis meses en decretar el término anticipado del contrato con Amsca.
Según el informe, el 15 de diciembre de 2015, la coordinadora regional metropolitana del Senama informó a la entonces directora del servicio que se habían detectado "problemas de alimentación; incorrecta implementación de la alimentación para adultos mayores con necesidades especiales; falta de personal, tanto de trato directo como profesionales, y falta de protocolos, entre otras situaciones".
Recién el 11 de marzo del siguiente año, el Senama pidió una fiscalización al recinto a la Seremi de Salud Metropolitana, que se efectuó un mes y medio después. En ella, se detectaron 23 irregularidades, siendo la más grave "encontrar a Raúl González Figueroa en evidente estado de desnutrición y sin la sonda nasogástrica, implemento que necesitaba para alimentarse". También había baños y duchas inhabilitadas, y minutas nutricionales no actualizadas.
Rubén Valenzuela afirma que "el informe de Contraloría nos permite establecer cuáles son aquellas áreas en las que necesitamos ir generando mejoras", y agrega que tras estos hechos, la institución determinó publicar 31 protocolos de operación de este tipo de centros.
En relación al examen de cuentas, Contraloría asegura que "el Senama mantiene en sus planillas de control fondos observados y rechazados a Amsca, que ascienden a $117 millones", además de gastos que no tenían que ver con el convenio firmado: $14 millones en almuerzos de funcionarios y el arriendo de un chofer y vehículo, finalmente no utilizado.
Todo este dinero debía ser reintegrado 60 días hábiles después de la recepción del informe por parte del Senama. Hasta hoy no se ha devuelto, por eso a principios de agosto, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda, avaluada en $98 millones tras nuevos pagos por parte de Amsca.
También, Contraloría detectó que hubo problemas en la rendición de las pensiones de los adultos mayores.
Además del financiamiento que entrega el Senama por residente -hoy en torno a los $500 mil por persona-, los hogares están autorizados a quedarse con el 85% de las pensiones de los residentes, debiendo entregar a estos el 15% restante. Sobre este punto, una supervisión del Senama de abril de 2016 determinó que ese porcentaje no se estaba entregando: "Los adultos mayores se acercan constantemente a personal del Senama a preguntar sobre el pago de sus pensiones, refiriendo no recibirlo durante meses".
Contraloría solicitó un sumario administrativo, que lleva seis meses sin resultado.
Pensiones
Tanto Contraloría como el Senama detectaron problemas en la rendición de las pensiones: "Los adultos mayores se acercan constantemente a preguntar sobre el pago de sus pensiones, refiriendo no recibirlo durante meses".
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