Según Serviu, obras finalizarán en diciembre y aumentaron su costo de $ 58 mil millones a $ 71 mil millones. Empresas y gobierno se culpan por atraso.
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Diciembre de 2017 es el nuevo plazo comprometido por el Serviu Metropolitano para inaugurar el corredor del Transantiago en la Avenida Vicuña Mackenna. Las obras, que intervienen 8,8 kilómetros y que fueron presentadas en 2015 como una de las principales iniciativas urbanas para revitalizar la zona sur de Santiago, debían ser entregadas entre septiembre de 2016 y febrero de 2017. Sin embargo, una serie de inconvenientes han retrasado los trabajos, con todos los problemas que eso significa para los vecinos y el comercio de una de las principales arterias de la capital.
El gobierno señala que las empresas de servicios se demoraron en cambiar los tendidos eléctricos y cañerías para poder intervenir la zona. Las empresas contratistas afirman, a su vez, que no les corresponde a ellos forzar el cumplimiento de los plazos a las compañías de servicios. Y la distribuidora Enel rebate que los únicos retrasos son porque el gobierno y los contratistas no ejecutaron a tiempo las expropiaciones.
El proyecto significó para el Estado una inversión superior a los $ 71 mil millones, pero las multas cursadas a las empresas constructoras Icafal Ingeniería y Construcción S.A. y Constructora Con-Pax S.A. sólo alcanzan los $ 53.170 diarios, según pudo comprobar La Tercera a través de una solicitud por Ley de Transparencia. Esto, debido a que los contratos de obras estipulan una multa de 2 UF por día si hay incumplimiento en la programación financiera que informan las empresas al ganarse la licitación. Así, mientras Icafal ha sido multada a la fecha por $ 12 millones, Con-Pax, por $ 13 millones.
Las multas no son mayores debido a que las empresas no son sancionadas cuando la responsabilidad del retraso no se les atribuye a ellas, explica el director del Serviu, Alberto Pizarro.
Acusaciones cruzadas
La decena de modificaciones a los contratos que amplían los plazos también impactan al presupuesto del proyecto. De los $ 58 mil millones comprometidos inicialmente, el costo para el Estado ha aumentado en un 24%, llegando a $ 71 mil millones por gastos no contemplados (ver infografía).
Los trabajos se han retrasado por la lentitud en las expropiaciones y debido a mejoras solicitadas por las cinco comunas por donde cruza Vicuña Mackenna (La Florida, San Joaquín, Macul, Ñuñoa y Santiago). Pero el principal factor, según ha reclamado el gobierno, es la tardanza de las empresas de servicios en hacer los traslados requeridos. “Trasladamos servicios de agua potable, de alcantarillado, telecomunicaciones soterradas y aéreas. Tuvimos problemas con Aguas Andinas, pero la más compleja ha sido, por lejos, con la distribuidora eléctrica Enel”, señala el director del Serviu.
Según explica, se delega en las empresas constructoras la tarea de relacionarse con las compañías de servicios y son estas las que finalmente fijan sus propios plazos y precios, lo que obliga a modificar los contratos. El gobierno no tiene atribuciones para multar o fiscalizar a las compañías de servicios.
“Hay un vacío legal, porque empresas como Enel tienen hoy de rodillas a la ciudad cuando se trata de intervenciones urbanas de mayor envergadura”, sostiene el intendente Claudio Orrego.
En Enel distribución respondieron que el proyecto contemplaba su término para el pasado 19 de julio y ellos lo entregaron el 30 de julio, sólo quedando pendiente el retiro de antiguos postes, lo que no pueden hacer mientras las constructoras no gestionen con las empresas de telecomunicaciones el retiro de cables. “Proyectos como éste requieren la coordinación de diferentes estamentos, públicos y privados. Existen problemas de expropiaciones tardías, talas, podas de árboles y cambios de trazados, situaciones ajenas a la responsabilidad de nuestra compañía”, señalan.
Las empresas constructoras también niegan responsabilidad: “Icafal ha cumplido con el contrato y sus modificaciones; las razones del retraso son las mejoras solicitadas por nuestro mandante. A Icafal no le corresponde y no dispone de herramientas para forzar el cumplimiento de los plazos a las compañías de servicios”, sostienen.
latercera.com