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Nos parece muy destacable que la empresa Aguas Andinas, a través de sus directivos, utilicen su derecho a réplica en medios de comunicación para defender el proyecto de estanques que pretenden construir en San Juan de Pirque. El intercambio de ideas y argumentos es un pilar fundamental para sustentar el diálogo ciudadano, en el marco de la libre expresión y una sociedad democrática.
Entrando en materia, respecto a la réplica efectuada a mi columna “¿A qué costo garantizamos el agua para la Región Metropolitana?”, por parte de Jorge Cabot, Gerente Corporativo de Planificación, Ingeniería y Sistemas de Aguas Andinas, es bueno aclarar que el respetar la normativa ambiental vigente no es una cualidad que haya que estar resaltando en diversos lugares, pues sencillamente es un mínimo legal -aunque no siempre ético- que deben cumplir los controladores de distintos proyectos, que por cierto, tendrán un impacto social y ambiental.
Si bien el señor Cabot señala respecto a los riesgos del proyecto que “los estudios específicos desarrollados en materia de sismicidad, mecánica de suelos, hidráulica, etc., sustentan el diseño del proyecto, el cual cumple a cabalidad las exigencias impuestas por la normativa nacional. Se ha puesto especial atención al análisis del riesgo sísmico, estudio que analizó, entre otras materias, la cercanía de la falla de Ramón”.
Sin embargo, cabe destacar que el proyecto -si bien- considera los efectos sísmicos del suelo, no lo hace respecto a la naturaleza geológica de las terrazas y su colapso esporádico. ¿Por qué? Pues porque Aguas Andinas planifica construir los seis estanques para agua cruda sobre terrazas fluviales y aluvionales, que según su característica geomorfológica, no son aptas para resistir tal envergadura de obra. Generando, en consecuencia, la aceleración de su colapso natural, y más aún, si se registrasen posibles sismos o terremotos. Además, la empresa no registra hoy estudios que respalden estos aspectos sobre la resistencia del suelo de las terrazas.
En contraposición, sí existen diversos estudios y papers de expertos respecto a la composición geológica de estas terrazas y de los impactos que la Falla Ramón tiene sobre éstas. Es el caso de publicaciones de académicos del área de Geología de la Universidad de Chile, entre ellos Antonio Ormeño[1], Gabriel Vargas, Rolando Armijo[2] y Marcelo Farías[3]. Al analizar estos documentos, podemos extraer -por ejemplo- que en caso de sismos, el colapso gradual de las terrazas será de aproximadamente dos metros cada cinco años, mientras que para un lapso de 50 años (tiempo en que está pronosticada la vida útil del proyecto) el colapso sería de 20 metros. Ello, sin considerar el colapso debido a los sismos superficiales, que se pueden provocar por la presencia muy cercana de las fallas de Ramón y Las Melosas. Siendo ésta última, de donde derivó el terremoto de 1958 en el pueblo lo del mismo nombre en el Cajón del Maipo, el cual tuvo una magnitud de 7° en la escala de Richter y dejó víctimas fatales. A lo que se suma, además, que los sismos superficiales pueden hacer colapsar las terrazas en cerca de 10 metros.
También podemos señalar, según estos estudios, que debido a que las obras se emplazarán a entre 20 y 30 metros del acantilado que lo separa del Canal La Sirena, el colapso gradual de las terrazas acotará en alrededor de 50 años la vida útil de los estanques 5 y 6 del proyecto, y a menos de 50 años al Canal La Sirena, el cual abastece de agua a todo Pirque, no permitiendo la reconstrucción del mismo. Asimismo, dejaría inoperativa a la central hidroeléctrica Puntilla. Todo lo anterior tendría consecuencias gravísimas para la población.
El directivo de Aguas Andinas también indica que “lejos de plantear la habilitación de dos botaderos, considera el uso de dos predios para disponer en ellos parte de los excedentes del movimiento de tierra generado por el proyecto”. Pues precisamente esa es la definición de un botadero, sin eufemismos, como los que implicará esta iniciativa en el pueblo de La Obra (San José de Maipo) y en el sector de Las Vizcachas en Puente Alto (zona urbana de Hacienda El Peñón). Ambos hechos de los que las comunidades rurales y urbanas aledañas no están informadas, y además, corresponderían a faenas que no contemplan algún tipo de estudio o evaluación ambiental.
Por último, queremos señalar que desde las comunidades, nuestra visión pluralista y democrática de la sociedad, nos hace estar siempre disponibles a entablar un diálogo con las contrapartes, en este caso Aguas Andinas, por lo que aceptamos la invitación hecha por el señor Cabot en su réplica, a reunirnos a conversar sobre los impactos de este proyecto, además de sumar a todos los actores que necesariamente se ven involucrados.
Paola Chávez