El año 2001 la muerte de Vinicio Poblete golpeó a una familia completa. Lo dieron de alta sin hablarle a sus hijos y a su esposa de la gravedad de sus heridas. Lo operaron sin consentimiento y les entregaron seis diagnósticos distintos. Lo mismo pasó con su causa de muerte. El caso que llegó a la Corte en septiembre pasado, podría transformarse en un emblema de la situación que viven millones de personas que se atienden en la salud pública.
Cinco agentes designó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, para enfrentar una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile por la familia de Vinicio Poblete, un hombre cuya muerte dejó al descubierto la precaria situación de salud que viven las personas con menos recursos en Chile.
La semana pasada, el secretario de Estado determinó que para hacer frente al litigio, acreditó como agentes del Estado a Hernán Quezada Cabrera, Óscar Alcamán Riffo y Diana Maquilón Tamayo. Y como agentes alternas, a Beatriz Contreras e Isidora Rojas Fermandois.
El año 2001, la muerte de Vinicio Poblete Vilches golpeó a una familia completa. Lo dieron de alta sin hablarle a sus hijos y a su esposa de la gravedad de sus heridas. Lo operaron sin consentimiento y les entregaron seis diagnósticos distintos. Lo mismo pasó con su causa de muerte.
Es por ello que la familia recurrió a la Comisión Interamericana de DD.HH., que en junio entregó recomendaciones al Estado chileno que, entre otras cosas, indicaban disponer de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para que nadie volviera a pasar por lo que los Poblete soportaron. Sin embargo, no hubo respuesta para estas sugerencias.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que podría transformarse en un emblema de la situación que viven millones de personas en el país.
ELMOSTRADOR.CL